«Hay realidades que se excluyen con los requisitos que se piden para acceder al ingreso mínimo vital»

En un mes de funcionamiento del servicio activado en Surt con el voluntariado de las estudiantes de derecho Beatrice Carpani y Aruna Cepeda, a través de ESADE, la entidad ha atendido una cuarentena de personas con necesidades de apoyo para solicitar el ingreso mínimo vital. De acuerdo con los casos que están acompañando, las voluntarias detectan trabas que impedirán, a la práctica, que esta nueva ayuda económica, planteada por el gobierno del Estado a raíz de la crisis que ha desencadenado la pandemia de Covid-19, cubra a todo el mundo que lo está necesitando.

¿Cómo están las personas que atendéis cuando llegan? ¿Qué os estáis encontrando?

B.C: Generalizando un poco, podríamos establecer dos categorías: hay personas que nunca se habían encontrado en una situación tan difícil; que siempre habían podido trabajar y vivir sin pedir ayudas. Y por otro lado, vienen personas que ya han pedido anteriormente otras ayudas. Se encuentran en situaciones muy difíciles.

A.C: Hay muchas personas con desconocimiento para utilizar el ordenador y realizar trámites on-line. Intentamos mostrarles cómo lo vamos haciendo y cómo navegar. Nos encontramos también que muchas personas no saben como acceder a documentos que tienen que presentar para tramitar la ayuda.

¿El hecho de que el trámite sea telemático supone la barrera principal para acceder, según lo que estáis viendo?

B.C: Para muchas personas es una gran barrera.

A.C: Pero con la Covid-19 es inevitable… Yo añadiría como barrera principal la complejidad de los requisitos.

¿Os estáis encontrando que las personas que estáis atendiendo no cumplen todos los requisitos para poder acceder al ingreso mínimo vital, a pesar de considerar que se encuentran en situaciones económicas bastante precarias como para tener que recurrir a solicitar esta ayuda económica para salir adelante?

B.C: Por ahora, ninguna de las solicitudes que hemos hecho no ha sido ni aceptada ni rechazada. Hay personas que han venido y que pasaban del umbral de ingresos y ya no se la hemos tramitado. Otras las hemos solicitado a pesar de tener ciertas dudas de si se la otorgarán. Estamos a la espera de ver cómo interpretan algunas cosas… La ley es bastante general, así que mejor intentarlo.

A.C: La ley es tan general que es súper difícil aterrizarla a casos concretos. Hay realidades que se excluyen con los requisitos que se piden. Por ejemplo, mujeres que tienen acuerdos informales con sus empleadores y el empleador dice que le paga 700 a la seguridad social pero en realidad recibe menos y no lo denuncia… situaciones en que a penas las mujeres sobreviven con el dinero que están recibiendo y no pueden hacer nada porque legalmente consta que reciben más.

B.C: Otra situación que estamos viendo es que muchas mujeres que vienen tienen sentencias de divorcio que prevén una pensión de alimentos que no están cobrando. Y quizás se trata de 200 euros sólo, pero es lo que haría la diferencia para ser aceptadas para acceder al ingreso mínimo vital.

¿Detectáis franjas de población que por los requisitos establecidos quedan excluidas sistemáticamente a pesar de necesitar el apoyo económico?

A.C: Con Cáritas del Casco Antiguo y con La Troca de Sants, hemos hecho un informe de casuísticas porque hay muchos ejemplos, como por ejemplo mujeres que no han recibido el ERTE a pesar de que consta que lo han cobrado, o mujeres sin domicilio fijo que para poder acceder al ingreso mínimo vital necesitan un informe de servicios sociales que ahora mismo es imposible de conseguir… por la saturación y porque tienen que hacer una comprobación presencial que ahora no hacen.

B.C: También nos encontramos que si las mujeres viven situaciones de violencia de género, se supone que pueden acceder a la ayuda sin tener DNI o NIE y te piden menos requisitos. Pero el primer paso para tramitar la solicitud es insertar el NIE o DNI. Te dicen que lo puedes hacer, pero materialmente será muy difícil que estas mujeres puedan obtener la ayuda. Es muy complicado.

¿Las personas que ahora están tramitando la solicitud del ingreso mínimo vital, cuando se prevé que perciban el dinero? ¿Está respondiendo a la urgencia del momento?

B.C: Teóricamente, son tres meses los que tiene de tiempo la Administración para responder. Por ahora de las que hemos hecho nadie nos ha avisado que tenga respuesta con la aceptación o la denegación. Las dos primeras semanas estuvimos pidiendo muchas citas para que las personas fueran al Ayuntamiento a sacarse el empadronamiento y a Hacienda para conseguir la justificación de ingresos y de patrimonio, y supongo que vieron que era inviable; que había demasiadas citas, y ahora ya no piden estos documentos porque dicen que ellos mismos directamente ya los pedirán.

A.C: Es que legalmente no tendrían que haberlo pedido todo esto. Para todos los documentos administrativos tienen que ponerse ellos en contacto con las otras administraciones para recopilarlos. Pero igualmente, pienso que se intenta reducir el número de personas a las cuales se otorgará esta ayuda. Intentan que la dificultad haga de muro de contención, imagino que por un tema de presupuesto disponible.

¿Es un proceso demasiado complejo a pesar de esta simplificación de documentación requerida?

B.C: A pesar de que hablamos con las personas antes de que vengan, hay muchos datos que no saben donde encontrarlos y los tenemos que buscar una vez aquí.

A.C: También nos hemos encontrado con mujeres que ya son expertas en realizar trámites y tienen controlada toda la documentación que los pueden solicitar.

¿La población migrada está recurriendo al servicio que se ofrece desde Surt para tramitar el ingreso mínimo vital?

B.C: Al inicio casi todo lo mundo eran personas de otros países que llevan muchos años viviendo aquí. Pero ahora llega mucha más gente local. Son situaciones muy complicadas. Entre las personas migradas, hay el requisito de acreditar mínimo un año de residencia legal en el Estado. Por ejemplo, hemos atendido a una persona que a pesar de que estaba aquí desde hacía más tiempo, su tarjeta de residencia indica que está desde noviembre de 2019, así que a pesar de cumplir el resto requisitos, no puede acceder.

A.C: También hay mujeres que llevan un año viviendo legalmente aquí, pero que salieron para ir a buscar sus hijos al país de origen y tampoco pueden acceder, porque el requisito es mínimo un año de residencia legal ininterrumpida.

¿Qué consideráis que tendría que ser diferente para que esta nueva ayuda fuera efectivamente un mínimo vital para todo lo mundo que lo requiera?

A.C: Pienso que se tendría que redefinir quién son las personas que necesitan esta ayuda. ¿Son sólo las personas que están viviendo de manera legal aquí?

B.C: Y ya de entrada, las cantidades que previene son bajas. Por una persona adulta sola son 460 euros. Por una adulta y una menor, 700 euros. En Barcelona no vas a ninguna parte. Está claro que ayuda, pero no puedes esperar que la gente sobreviva sólo con esto.

A.C: Un mínimo vital es más que esto.

 

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