El Consejo Nacional de Mujeres de Cataluña recuerda que los derechos sexuales y reproductivos son derechos básicos para “vivir con libertad y sin violencia”

El Consejo Nacional de Mujeres de Cataluña recuerda que los derechos sexuales y reproductivos son derechos básicos para “vivir con libertad y sin violencia”

El Consejo Nacional de las Mujeres de Cataluña (CNDC), el órgano colegiado de participación y consulta del Instituto Catalán de las Mujeres, en que Surt participa, recuerda que los derechos sexuales y reproductivos (DSiR) son “derechos humanos que garantizan que las personas puedan vivir en libertad y sin violencia”.

“Suponen poder expresar y disfrutar de nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestros deseos y placeres libres de todo tipos de violencias y discriminaciones, a la vez que garantizan poder ejercer y disfrutar de la plena soberanía corporal, orientación sexual e identidad y expresión de género así como también suponen ‘poderes vitales’ que en su reconocimiento lleno contribuyen a transformar las sociedades”, recoge el posicionamiento del CNDC.

Las organizaciones que lo conforman reivindican que los derechos sexuales y reproductivos incorporan una dimensión “de derechos públicos y participativos”, cosa que supone que cada persona y colectivo tiene que poder “reafirmar sus DSiR en el ámbito público y aportar a la construcción de los imaginarios, valores, normas, prácticas sociales y políticas de una sociedad”.

Así mismo, se reconoce que el ejercicio lleno de los derechos sexuales y reproductivos supone “una transformación radical de las sociedades para acabar con la hegemonía de la heterosexualidad, el mandato del binarisme de género, los roles y estereotipos de género, las identidades sexuales, la maternidad obligatoria, la división sexual y racial del trabajo, las violencias machistas, las relaciones de subordinación y opresión y pone en el centro del análisis las vidas y los cuerpos diversos en libertad desde el placer y la no violencia”.

Aún así, plantean que todavía no se ha logrado una igualdad sustantiva en el acceso, la adecuación o la aceptabilidad de los programas, los servicios y las infraestructuras que mitiguen o eliminen completamente las múltiples vulneraciones en la ejercicio de los DSiR. “El respeto y la protección de los derechos sexuales y reproductivos pasa por el reconocimiento y la garantía del derecho a una vida libre de violencias. Así pues, en un Estado de derecho, las instituciones son las responsables de habilitar los mecanismos necesarios para lograr y defender este hito a través de una legislación y una práctica institucional, funcionarial y de servicios públicos que lo garanticen de manera efectiva”, reclaman.